Colectivos de inmigrantes, expertos, sindicatos y oposición arremeten con dureza contra el contrato de Blasco

Reacción casi unánime. Diversos colectivos de inmigrantes, expertos en la materia, sindicatos y oposición política arremetieron ayer con dureza contra el certificado de integración que el conseller Rafael Blasco quiere obligar a firmar a los inmigrantes de fuera de la EU residentes en la Comunidad Valenciana.

Blasco defendió ayer de nuevo el contrato para inmigrantes que la Generalitat planea incluir en la Ley de Integración del Inmigrante, por el que los extranjeros deberán asumir «nuestro modelos de convivencia y nuestra escala de valores». Blasco, no obstante, señaló que aquellos que no suscriban el documento «van a tener dificultades» para integrarse en la sociedad valenciana, pero que la Generalitat no va a adoptar «ningún tipo de medida» contra ellos. Blasco insistió en el contrato como «una fórmula» para facilitar «la integración» a los inmigrantes en la sociedad valenciana, de forma «respetuosa con la diversidad cultural, pero que conlleve derechos y obligaciones».

«Autoexpulsión»

La Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui asegura que el contrato de integración propuesto por el Consell es su «autoexpulsión de Europa y fomenta a gran escala la xenofobia y la ya existente violencia y agresión». La Mesa de Entidades de Solidaridad con los inmigrantes muestra su «absoluto rechazo hacia las políticas de exclusión y discriminación». Para este colectivo, «el cumplimiento de la Ley es algo exigible a cualquier ciudadano o ciudadana en el Estado, por lo que resulta innecesario la firma de ningún contrato especial al respecto».

Por los sindicatos, Óscar Llopis, de UGT, afirmó: «Por decirlo de forma suave, es un despropósito, en caso de poderse aplicar, y queremos saber cuáles son nuestros valores, porque estas personas no boicotean ni los moros y cristianos, ni la pelota valenciana, ni los toros, ni la paella gigante». Asegura que muchas colonias de europeos de Alicante «ya respetan desde hace mucho tiempo nuestras costumbres, porque ni hablan el valenciano, por cierto, como muchos políticos del PP».

El portavoz en las Cortes por el PSPV, Ángel Luna, afirma que la propuesta del Consell «es inútil, ya que no tiene competencias en materia de extranjería y no puede exigir lo que no está recogido en la ley». Añade que, mientras el contrato planteado por el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, fue «una ocurrencia dirigida a agitar el miedo de la población a los inmigrante», pero podía tener sentido por ser competencia del Estado, lo planteado por la Generalitat es un esperpento». La portavoz del grupo de Compromís Mònica Oltra dice que «el contrato social de todos los ciudadanos es la ley, los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas y sus obligaciones». Para el director del Observatorio para la Inmigración de la Universidad de Alicante, Carlos Gómez Gil, la propuesta es «discriminatoria y trata de ocultar la ausencia de políticas integración social en la Comunidad». Por su parte, el portavoz del Consell, Vicente Rambla, salió al paso para decir que está en fase de estudio y debate por los colectivos implicados.

Fuente: laverdad.es