El portavoz de la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui Comunidad Valenciana, Edgar Constante, denunció ayer la "contratación con recursos públicos de varios autobuses" para traer el pasado sábado a Valencia a asociaciones de inmigrantes desde Castelló y Alicante y "dar imagen de apoyo" a la política de inmigración del Consell en el acto del conseller Blasco.
J. L. G., Valencia
El portavoz ecuatoriano se refería así al encuentro celebrado el pasado sábado en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, donde Rafael Blasco se reunió con representantes de cuarenta entidades para explicar el contenido del polémico contrato de inmigración.
La reunión entre el conseller y esos colectivos se produjo en la víspera de la concentración de rechazo convocada para ayer en Russafa por decenas de colectivos integrados en el Foro Alternativo de a Inmigración, la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y la Red Sahel.
Así, Edgar Constante, de Rumiñahui, afirmó ayer que se fletaron dos autobuses desde Castelló y Alicante, y también Elda o Elx, y se ofrecieron bocadillos, trayendo principalmente a asociaciones rumanas. Además, Constante, que estuvo presente en el acto organizado en la conselleria, explicó que muchos de ellos "no sabían a lo que iban", y que creían que iban "simplemente a una reunión con asociaciones inmigrantes". Desde la Conselleria de Inmigración negaron que esto se produjera: "es absolutamente falso".
Por otro lado, unos dos centenares de personas se concentraron ayer en Russafa para mostrar su "absoluto rechazo hacia las políticas de exclusión y discriminación que el Consell intenta promover. Una conselleria que concibe un modelo de asimilación, y no uno de integración y convivencia", rezaba el manifiesto.
Luis Poveda, portavoz de la Red Sahel, también se mostró muy crítico con el acto promovido el sábado por la Conselleria de Inmigración con la intención de "contraprogramar" la concentración de ayer. Poveda exigió una "verdadera" política de integración y recordó que los derechos fundamentales, como sanidad o la educación son inherentes a las personas y "no es necesario que se exija un compromiso". También instó a las administraciones a favorecer la formación ocupacional a los inmigrantes para que en el momento en que tengan permiso de trabajo puedan incorporarse al mercado laboral.
Fuente: levante-emv.com
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